Introducción
1 Una infracción de consecuencia convertida en infracción de primer orden – El blanqueo es, por naturaleza, una infracción segunda: presupone que una infracción haya producido ya una riqueza que se trata de reintroducir en la economía lícita borrando su procedencia. Considerado durante mucho tiempo como una simple prolongación de la receptación, se ha convertido en treinta años en el instrumento privilegiado de la represión patrimonial, aquel mediante el cual se alcanza el beneficio cuando ya no se puede, o todavía no se puede, alcanzar el hecho generador1. El delito francés de blanqueo, nacido de la Ley n.º 96-392, de 13 de mayo de 1996, tiene hoy treinta años; su texto ha variado poco, pero su contencioso no ha dejado de extenderse2.
2 Una matriz internacional común – Las dos legislaciones aquí comparadas proceden de las mismas fuentes: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena, 20 de diciembre de 1988), el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito (Estrasburgo, 8 de noviembre de 1990), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 15 de noviembre de 2000), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Mérida, 31 de octubre de 2003) y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la tercera de las cuales invita a los Estados a aplicar el delito de blanqueo a la gama más amplia de infracciones subyacentes. Es precisamente en la manera de satisfacer esta última exigencia donde los dos derechos se separan: Francia eligió la generalidad; Marruecos, la enumeración.
3 El derecho francés – La sede de la materia se encuentra en los artículos 324-1 a 324-9 del Código Penal, completados por tipos especiales: el blanqueo del producto del tráfico de estupefacientes (C. pen., art. 222-38) y el blanqueo aduanero (C. de aduanas, art. 415). La Ley n.º 2013-1117, de 6 de diciembre de 2013, insertó la presunción del artículo 324-1-1; la Ley n.º 2025-532, de 13 de junio de 2025, destinada a sacar a Francia de la trampa del narcotráfico, ha reputado en último lugar oculto el delito y extendido dicha presunción a ciertas operaciones con criptoactivos3.
4 El derecho marroquí – El Reino se dotó de un dispositivo represivo mediante la Ley n.º 43-05 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, promulgada por el dahír n.º 1-07-79, de 28 de rabii I de 1428 (17 de abril de 2007), que insertó en el Código Penal una sección VI bis compuesta por los artículos 574-1 a 574-7. Este texto ha sido reformado en tres ocasiones, bajo la presión de las evaluaciones internacionales: por la Ley n.º 13-10 (dahír n.º 1-11-02, de 20 de enero de 2011), por la Ley n.º 145-12 (dahír n.º 1-13-54, de 2 de mayo de 2013) y, por último, por la Ley n.º 12-18 (dahír n.º 1-21-56, de 27 de chaual de 1442, 8 de junio de 2021)4. Esta última reforma, que amplió la lista de infracciones de origen, elevó las multas, reescribió la definición material y sustituyó la antigua Unidad de Tratamiento por la Autoridad Nacional de Información Financiera, contribuyó a la salida de Marruecos, en febrero de 2023, de la lista de jurisdicciones sometidas a vigilancia reforzada por el GAFI. La actividad judicial ha seguido: la presidencia del Ministerio Fiscal da cuenta de 821 procedimientos registrados en 2023, 801 en 2024 y 839 en 20255.
5 Objeto y método – La comparación versará primero sobre la tipificación misma (I), después sobre la represión (II), antes de poner a prueba los dos sistemas allí donde se encuentran: en el espacio, cuando los fondos, los actos o las personas dependen simultáneamente de las dos soberanías (III). Para este último tiempo se recurrirá a hipótesis construidas, porque es en el caso práctico donde se revela el alcance real de una diferencia de técnica legislativa.
I. – La tipificación: dos técnicas legislativas
A. – La condición previa: la infracción de origen
6 Francia: la generalidad – El artículo 324-1 del Código Penal se refiere al producto, directo o indirecto, «de un crimen o de un delito», sin más precisión. Toda infracción de naturaleza criminal o delictiva que haya generado un beneficio puede, por tanto, servir de soporte al blanqueo: fraude fiscal, abuso de bienes sociales, trabajo no declarado, infracciones aduaneras o bursátiles, al igual que el tráfico de estupefacientes o la corrupción. Solo quedan excluidas las contravenciones. Esta generalidad, querida en 1996 para romper con el modelo estrecho del blanqueo del solo dinero de la droga, constituye el rasgo distintivo del derecho francés6.
7 Francia: la autonomía – La Sala de lo Penal de la Cour de cassation ha extraído de esta generalidad una autonomía notable. Desde 2008 ve en el artículo 324-1 una «infracción general, distinta y autónoma»7. De ello se siguen tres consecuencias. La primera es que el autor de la infracción de origen puede ser él mismo perseguido por haber blanqueado su propio botín: el autoblanqueo, admitido desde 2004, no ha vuelto a ser cuestionado8, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha consagrado su compatibilidad con el derecho de la Unión9. La segunda es que la persecución del blanqueo no está subordinada ni a la condena ni siquiera a la persecución de la infracción de origen: basta con que los elementos de esta sean caracterizados por el juez del blanqueo; así, el blanqueo de fraude fiscal escapa a los requisitos de procedibilidad propios de la persecución de este último10. La tercera interesa al derecho penal internacional y será retomada más adelante: poco importa que la infracción de origen haya sido cometida en el extranjero.
8 Francia: la presunción del artículo 324-1-1 – El legislador de 2013 fue más lejos al invertir, en determinadas circunstancias, la carga de la prueba del origen. A tenor del artículo 324-1-1, los bienes o ingresos «se presumen producto directo o indirecto de un crimen o de un delito cuando las condiciones materiales, jurídicas o financieras de la operación de colocación, de ocultación o de conversión no pueden tener otra justificación que ocultar el origen o el beneficiario efectivo de dichos bienes o ingresos». El Ministerio Fiscal ya no tiene entonces que identificar la infracción de origen; le basta con establecer la anormalidad del circuito. La Cour de cassation se negó a remitir la cuestión de la constitucionalidad del texto, al no ser la presunción irrefragable11; controla, no obstante, las condiciones de su aplicación, exigiendo a los jueces de instancia que las verifiquen12, y pone a cargo del acusado, una vez reunidas dichas condiciones, la prueba del origen lícito13. Desde la Ley de 13 de junio de 2025, la misma presunción se aplica a las operaciones efectuadas mediante un criptoactivo que incorpore una función de anonimización o mediante cualquier cuenta o técnica que permita la anonimización o la opacidad de las operaciones.
9 Marruecos: la enumeración – El artículo 574-1 del Código Penal marroquí solo reputa blanqueo los actos que recaen sobre bienes procedentes «de una de las infracciones previstas en el artículo 574-2». Este último establece una lista que la doctrina marroquí considera limitativa. Circunscrita a siete categorías en 2007, elevada a veinticuatro en 2011, cuenta veintisiete desde la Ley n.º 12-18: tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas; trata de seres humanos; tráfico de migrantes; tráfico ilícito de armas y municiones; corrupción, concusión, tráfico de influencias y malversación de bienes públicos y privados; infracciones de terrorismo; falsificación de moneda, de efectos de crédito público y de otros medios de pago; pertenencia a una banda organizada formada para cometer actos de terrorismo; explotación sexual; receptación de cosas procedentes de un crimen o de un delito; abuso de confianza; estafa; atentados contra la propiedad industrial; atentados contra los derechos de autor y derechos conexos; infracciones contra el medio ambiente; homicidio voluntario, violencias y lesiones voluntarias; rapto, secuestro y toma de rehenes; robo y extorsión; contrabando de mercancías; fraude sobre mercancías y productos alimenticios; falsedad, falsificación y usurpación de funciones, títulos o nombres; desvío o deterioro de aeronaves, buques u otros medios de transporte y atentados contra los medios de comunicación; abuso de información privilegiada; atentados contra los sistemas de tratamiento automatizado de datos; y, desde 2021, difusión de informaciones falsas o engañosas sobre los instrumentos financieros, manipulación de las cotizaciones y venta o prestación de servicios según un procedimiento piramidal14.
10 Marruecos: las ausencias significativas – Lo que la lista no contiene importa tanto como lo que contiene. No figuran en ella ni el fraude fiscal, ni las infracciones a la normativa de cambios, ni el abuso de bienes sociales, ni la quiebra fraudulenta, ni, más en general, los delitos de la vida de los negocios que no pueden reconducirse a la estafa, al abuso de confianza o a la falsedad. Figura el contrabando, pero no el conjunto de los delitos aduaneros. De ello se sigue que, en derecho marroquí, la colocación del producto de un fraude fiscal o de una exportación irregular de capitales no es, como tal, un blanqueo; solo llega a serlo si el Ministerio Fiscal consigue vincular los fondos a una de las calificaciones enumeradas, ofreciendo a este respecto la presencia en la lista de la receptación, del abuso de confianza y de la falsedad unas pasarelas que la práctica no deja de utilizar.
11 Marruecos: autonomía y prueba del origen – El derecho marroquí conoce también una forma de autonomía: el encabezamiento del artículo 574-2 hace aplicable la definición a las infracciones enumeradas «incluso cuando se cometan fuera de Marruecos», y ningún texto subordina la persecución del blanqueo a la condena previa del autor de la infracción de origen. Pero desconoce toda presunción comparable a la del artículo 324-1-1. El Tribunal de Casación marroquí vela por que el origen ilícito sea positivamente demostrado: ha declarado que, al no haber acreditado la acusación que los bienes de los acusados procedían del tráfico de estupefacientes alegado, ni precisado su fuente y su valor, el tribunal no podía ordenar su decomiso, siendo la inocencia el principio15. Allí donde el juez francés puede deducir la ilicitud de la opacidad, el juez marroquí debe constatarla.
B. – El elemento material
12 Francia: dos comportamientos, entendidos ampliamente – El artículo 324-1 distingue el blanqueo por justificación mendaz (párr. 1.º) –«el hecho de facilitar, por cualquier medio, la justificación mendaz del origen de los bienes o ingresos del autor de un crimen o de un delito que le haya procurado un beneficio directo o indirecto»– y el blanqueo por concurso en una operación (párr. 2.º) –«el hecho de prestar concurso a una operación de colocación, de ocultación o de conversión del producto directo o indirecto de un crimen o de un delito»–. La segunda forma, con mucho la más utilizada, ha recibido una interpretación extensiva que el profesor Lasserre Capdeville ha sintetizado recientemente16. Constituye una colocación el simple depósito o transferencia de fondos a una cuenta bancaria17, la adquisición de bienes muebles o inmuebles18 o la suscripción de una ampliación de capital19. Es ocultación la transferencia opaca de fondos al extranjero20, la interposición de una sociedad en una adquisición21 o el recurso a testaferros y a cuentas extraterritoriales22. Es una conversión el cobro de cheques seguido de retiradas de efectivo23. Las tres calificaciones son, por lo demás, sustituibles entre sí24.
13 Francia: los límites – Subsisten dos límites. Por una parte, el blanqueo supone un acto positivo: el solo incumplimiento por una entidad bancaria de sus obligaciones de vigilancia no caracteriza el concurso prestado a la operación; se requieren además actos de participación y el conocimiento del origen fraudulento25. Por otra, el transporte de efectivo sin artificio particular no constituye, por sí solo, una ocultación26. Por último, la infracción de origen debe ser anterior o concomitante a la operación27. Se destacará sobre todo que el texto francés no tipifica, a título de blanqueo, la simple tenencia o utilización del producto: estos comportamientos corresponden a la receptación (C. pen., art. 321-1), calificación de la que, según una regla clásica, no puede responder el propio autor de la infracción de origen.
14 Marruecos: una definición analítica, más extensa – El artículo 574-1, en su redacción resultante de la Ley n.º 12-18, procede por enumeración de siete comportamientos, fielmente calcados de las convenciones de Viena y de Palermo: la adquisición, la tenencia o la utilización de bienes o de sus rendimientos; su conversión, transferencia o transporte con el fin de ocultar o disimular su verdadera naturaleza o su origen ilícito; la ocultación o el disimulo de la verdadera naturaleza, del origen, de la ubicación, de la disposición, del movimiento o de la propiedad de los bienes o de los derechos relativos a ellos; la ayuda prestada a toda persona implicada en la infracción de origen para eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; la facilitación, por cualquier medio, de la justificación mendaz del origen de los bienes o ingresos del autor de la infracción de origen; el concurso o los consejos prestados a una operación de custodia, colocación, ocultación, conversión, transferencia o transporte del producto; y, por último, la tentativa de cualquiera de estos actos. Los dos últimos comportamientos reproducen, ampliándola, la fórmula francesa; los cuatro primeros carecen de equivalente en el artículo 324-1.
15 Marruecos: tenencia y autoblanqueo – Dos particularidades merecen ser subrayadas. La primera reside en la tipificación de la tenencia y de la utilización: es blanqueador, en derecho marroquí, quien se limita a conservar o emplear un bien que sabe procedente de una de las infracciones de la lista. La segunda reside en el inciso, introducido en 2021 en los tres primeros guiones, según el cual el acto puede realizarse «en interés del autor o de un tercero»: el legislador marroquí parece haber querido así alcanzar el blanqueo por el propio autor de la infracción de origen, conforme a las recomendaciones del GAFI. El alcance exacto de este inciso no ha sido todavía, que sepamos, fijado por el Tribunal de Casación; ofrece al menos al Ministerio Fiscal un fundamento textual del que carece el derecho francés, enteramente pretoriano en este punto.
C. – El elemento moral
16 Francia – El blanqueo es un delito doloso (C. pen., art. 121-3). El agente debe haber sabido que los fondos procedían de un crimen o de un delito; no se requiere que haya conocido su naturaleza exacta, sus circunstancias o su autor28. Este conocimiento se deduce de las circunstancias, y singularmente de la condición de profesional del acusado29; no puede, sin embargo, descansar en motivos hipotéticos30. La Directiva (UE) 2018/1673 autorizaba a los Estados miembros a tipificar el blanqueo por imprudencia, cuando el autor «debería haber sabido»; Francia no ha hecho uso de esta facultad31.
17 Marruecos – El artículo 574-1 exige que los actos se cometan «intencionadamente y con conocimiento de causa», «sabiendo» el agente que los bienes son el producto de una de las infracciones del artículo 574-2. El Tribunal de Casación marroquí deduce de ello que la persecución por participación en el blanqueo decae cuando el elemento de conocimiento no queda acreditado32. Aparecen dos diferencias con el derecho francés. De un lado, el conocimiento requerido es más preciso: recae, según la letra del texto, sobre la procedencia de una infracción de la lista, y no de un crimen o delito cualquiera, lo que agrava la carga probatoria. De otro, el segundo guion –conversión, transferencia, transporte– va acompañado de un dolo específico, la finalidad de ocultar o disimular el origen, que el artículo 324-1, párrafo 2.º, no exige.
II. – La represión: convergencias y divergencias
A. – Las penas
18 Francia – El blanqueo simple se castiga con cinco años de prisión y 375 000 euros de multa (C. pen., art. 324-1). Las penas se elevan a diez años y 750 000 euros cuando el delito se comete de forma habitual, utilizando las facilidades que procura el ejercicio de una actividad profesional, o en banda organizada (art. 324-2); la circunstancia de habitualidad se caracteriza por la pluralidad de operaciones, aun cuando los fondos procedan de una infracción única. La multa puede elevarse hasta la mitad del valor de los bienes o fondos sobre los que hayan recaído las operaciones (art. 324-3). Cuando la infracción de origen está castigada con una pena privativa de libertad superior, el blanqueo toma las penas de esta, siempre que su autor haya tenido conocimiento de ella (art. 324-4). La tentativa es punible (art. 324-6); el arrepentimiento activo da derecho a una exención o a una reducción de pena (art. 324-6-1). Las personas jurídicas incurren en la multa quintuplicada y en las penas del artículo 131-39 (art. 324-9). Sobre todo, el blanqueo es uno de los raros delitos por los que puede acordarse el decomiso de todo o parte del patrimonio del condenado, cualquiera que sea su origen (art. 324-7, 12.º).
19 Marruecos – El artículo 574-3 castiga el blanqueo, sin perjuicio de calificaciones más severas, con dos a cinco años de prisión y una multa de 50 000 a 500 000 dírhams para las personas físicas –el tope era de 100 000 dírhams antes de 2021– y con una multa de 500 000 a 3 000 000 de dírhams para las personas jurídicas, sin perjuicio de las penas en que incurran sus dirigentes y empleados (art. 574-6). Estas penas se duplican cuando la infracción se comete utilizando las facilidades que procura el ejercicio de una actividad profesional, de forma habitual, en banda organizada o en estado de reincidencia, apreciándose esta en los cinco años siguientes a una condena firme (art. 574-4). El decomiso total de los bienes que hayan servido o debieran servir para la infracción y de sus productos, o de su valor equivalente, es obligatorio, a reserva de los derechos de los terceros de buena fe; pueden añadirse la disolución de la persona jurídica, la publicación de la resolución y la inhabilitación profesional (art. 574-5). El autor, coautor o cómplice que revele los hechos a las autoridades antes de que estas tengan conocimiento de ellos se beneficia de una excusa absolutoria; la pena se reduce a la mitad cuando la denuncia es posterior a la infracción (art. 574-7).
20 Valoración – La escala es comparable en cuanto a la pena privativa de libertad –cinco años de una y otra parte, diez en las formas agravadas–, distinguiéndose el derecho marroquí por la existencia de un mínimo de dos años. La diferencia se ahonda en el terreno patrimonial: allí donde el juez marroquí dispone de una multa con tope y de un decomiso limitado al instrumento y al producto, el juez francés puede imponer una multa proporcional a la mitad de las sumas blanqueadas y un decomiso general. Para el justiciable acaudalado, el riesgo francés es de otro orden de magnitud.
B. – Los órganos jurisdiccionales y la prescripción
21 Marruecos: una competencia especializada – El artículo 38 de la Ley n.º 43-05, en su redacción de 2021, atribuye la persecución, la instrucción y el enjuiciamiento de las infracciones de blanqueo a los tribunales de Rabat, Casablanca, Fez y Marrakech, cuyas demarcaciones se fijan por vía reglamentaria, con excepción de las reglas ordinarias de competencia; los tribunales de Rabat, únicos competentes en origen, lo seguían siendo a título transitorio hasta la adopción del texto de aplicación. La información financiera corresponde a la Autoridad Nacional de Información Financiera, adscrita al Jefe del Gobierno.
22 Francia: especialización y prescripción – En Francia, el blanqueo de las infracciones económicas y financieras complejas corresponde, de forma concurrente con los órganos de derecho común y los órganos interregionales especializados, al Fiscal Nacional Financiero (C. proc. pen., art. 705) y, para la criminalidad organizada, a la fiscalía nacional instituida por la Ley de 13 de junio de 2025. Esta ha zanjado además una antigua controversia al disponer que el blanqueo, «cualesquiera que sean los hechos materiales que lo caractericen», se reputa oculto en el sentido del artículo 9-1 del Código de Procedimiento Penal: el plazo de prescripción de seis años solo corre, pues, desde el día en que la infracción apareció y pudo ser constatada en condiciones que permitieran el ejercicio de la acción pública, dentro del límite del plazo máximo de doce años. El derecho marroquí no conoce regla equivalente: el blanqueo obedece allí a la prescripción delictiva de derecho común.
C. – Cuadro sinóptico
El cuadro siguiente reúne los principales puntos de comparación puestos de relieve hasta aquí.
| Criterio | Derecho francés | Derecho marroquí |
|---|---|---|
| Sede | C. pen., arts. 324-1 a 324-9; art. 222-38; C. de aduanas, art. 415 | C. pen., arts. 574-1 a 574-7 (L. n.º 43-05, mod. L. n.º 13-10, 145-12 y 12-18) |
| Infracción de origen | Todo crimen o delito | Lista cerrada de veintisiete categorías (art. 574-2) |
| Fraude fiscal, cambios, abuso de bienes sociales | Incluidos (todo delito) | No enumerados |
| Prueba del origen | Presunción simple de ilicitud (art. 324-1-1) | Ninguna presunción; se exige prueba positiva del origen |
| Elemento material | Justificación mendaz; concurso en una operación de colocación, ocultación o conversión | Siete comportamientos, entre ellos la adquisición, la tenencia y la utilización |
| Autoblanqueo | Admitido por la jurisprudencia desde 2004 | Fundamento textual desde 2021 («en interés del autor o de un tercero») |
| Elemento moral | Conocimiento del origen delictivo, sin precisión de la infracción | Conocimiento de la procedencia de una infracción de la lista; dolo específico para la conversión |
| Pena básica | 5 años; 375 000 €; multa elevada a la mitad de las sumas blanqueadas | 2 a 5 años; 50 000 a 500 000 DH |
| Forma agravada | 10 años; 750 000 € | Penas duplicadas (art. 574-4) |
| Decomiso | General del patrimonio (art. 324-7, 12.º) | Instrumento y producto, o valor equivalente (art. 574-5) |
| Prescripción | Delito reputado oculto (L. de 13 de junio de 2025) | Derecho común de los delitos |
| Órganos jurisdiccionales | Derecho común, JIRS, fiscalías nacionales | Rabat, Casablanca, Fez, Marrakech (L. n.º 43-05, art. 38) |
III. – La aplicación en el espacio: el blanqueo entre dos soberanías
A. – Los títulos de competencia
23 Francia: territorialidad ampliada – La ley penal francesa se aplica a las infracciones cometidas en el territorio de la República, reputándose tal la infracción «desde el momento en que uno de sus hechos constitutivos haya tenido lugar en dicho territorio» (C. pen., art. 113-2). Aplicada al blanqueo, la regla ha recibido un alcance considerable. Conociendo del caso de un ministro extranjero que había depositado en bancos franceses comisiones percibidas en su país como contrapartida del otorgamiento de concesiones petroleras, la Sala de lo Penal declaró que los textos que definen el delito no exigen ni que la infracción que procuró las sumas blanqueadas haya tenido lugar en el territorio nacional, ni que los tribunales franceses sean competentes para perseguirla; bastaba con que los hechos de origen estuvieran castigados en Francia, en el caso bajo la calificación de corrupción33. La misma lógica condujo a la condena firme, por blanqueo en Francia del producto de malversaciones cometidas en su país, del vicepresidente de un Estado de África Central34. La infracción de origen se califica, pues, según la ley francesa, y un solo acto de colocación, ocultación o conversión realizado en Francia basta para fundar la competencia35.
24 Francia: competencia personal – Fuera del territorio, la ley francesa se aplica a los delitos cometidos por franceses «si los hechos están castigados por la legislación del país en que se cometieron» (C. pen., art. 113-6, párr. 2.º). Esta competencia personal activa está doblemente limitada: la persecución solo puede ejercerse a instancia del Ministerio Fiscal, precedida de una denuncia de la víctima o de una denuncia oficial de la autoridad del país donde se cometió el hecho (art. 113-8); queda excluida cuando la persona justifica haber sido juzgada definitivamente en el extranjero por los mismos hechos y, en caso de condena, que la pena ha sido cumplida o ha prescrito (art. 113-9). Esta última regla solo opera, sin embargo, para las competencias extraterritoriales: una sentencia extranjera no obsta a la persecución, en Francia, de hechos cometidos en Francia.
25 Marruecos: territorialidad y personalidad – La ley penal marroquí se aplica a todos los que se encuentran en el territorio del Reino, nacionales, extranjeros o apátridas (C. pen., art. 10), así como a las infracciones cometidas fuera del Reino cuando sean de la competencia de los tribunales marroquíes en virtud del Código de Procedimiento Penal (art. 12). Este reputa cometida en Marruecos toda infracción uno de cuyos elementos constitutivos se haya realizado allí (C. proc. pen., art. 704). Permite además perseguir y juzgar en Marruecos todo hecho calificado de crimen (art. 707) o de delito (art. 708) por la ley marroquí y cometido en el extranjero por un marroquí, a condición de que el interesado haya regresado a Marruecos y no justifique una resolución extranjera irrevocable seguida, en caso de condena, del cumplimiento, de la prescripción o del indulto de la pena; tratándose de un delito cometido contra un particular, la persecución requiere una petición del Ministerio Fiscal al que se haya presentado denuncia de la persona perjudicada o denuncia de las autoridades del país de comisión. La persecución sigue siendo posible cuando el inculpado solo adquirió la nacionalidad marroquí después de los hechos (art. 709)36. A ello se añade la regla propia del blanqueo: la infracción de origen puede haberse cometido en el extranjero (C. pen., art. 574-2).
26 La cooperación franco-marroquí – Los dos Estados están vinculados por un convenio de asistencia judicial en materia penal y un convenio de extradición firmados en Rabat el 18 de abril de 2008, que entraron en vigor en 201137, habiendo sido completado el primero por un protocolo adicional firmado el 6 de febrero de 2015, que organiza la información recíproca de las autoridades sobre los procedimientos que puedan interesar a la otra parte. Dos reglas de fondo rigen la situación del binacional. Ninguno de los dos Estados extradita a sus nacionales: Francia deniega la extradición de la persona que tenía la nacionalidad francesa en el momento de los hechos (C. proc. pen., art. 696-4, 1.º); Marruecos solo entrega a las personas que no tienen la nacionalidad marroquí (C. proc. pen., arts. 718 y ss.). Ahora bien, cada uno de los dos Estados tiene al binacional por su solo nacional. El franco-marroquí no es, pues, extraditable ni de Francia a Marruecos ni de Marruecos a Francia; solo puede ser juzgado, en su presencia, allí donde se encuentra.
B. – El franco-marroquí perseguido en Marruecos y no en Francia
27 Primera hipótesis: el producto de una infracción cometida en Francia, invertido en Marruecos – Sea un directivo franco-marroquí que, habiendo distraído en París fondos confiados por inversores, reinvierte su producto en la adquisición de un riad en Marrakech, por medio de una sociedad civil inmobiliaria marroquí. La infracción de origen –un abuso de confianza– figura en la lista del artículo 574-2 y la circunstancia de que se haya cometido en Francia es indiferente. Los actos de conversión y de ocultación se realizaron en Marruecos: la competencia marroquí es territorial (C. proc. pen., art. 704) y los tribunales especializados de Marrakech o de Rabat pueden conocer del blanqueo sin esperar al resultado de un eventual procedimiento francés. En Francia, el abuso de confianza sigue siendo evidentemente punible; pero el blanqueo, por su parte, se realizó materialmente en Marruecos. La ley francesa solo podría alcanzarlo a título de competencia personal activa, bajo la doble condición del artículo 113-8 –petición de la fiscalía precedida de una denuncia o de una denuncia oficial marroquí– y con la reserva del artículo 113-9: una vez juzgado definitivamente el interesado en Marruecos, y cumplida o prescrita su pena, la persecución francesa del blanqueo queda cerrada. Perseguido por blanqueo en Marruecos, no lo será, por ese concepto, en Francia.
28 Segunda hipótesis: la simple tenencia – Sea ahora la esposa franco-marroquí de un funcionario condenado por corrupción, que ocupa en Casablanca el piso adquirido con los fondos ilícitos y percibe sus alquileres, sin haber participado ni en la infracción ni en la adquisición. En derecho marroquí, la tenencia y la utilización de un bien que se sabe procedente de la corrupción constituyen, por sí solas, el blanqueo del primer guion del artículo 574-1. En derecho francés, tales hechos no responderían a la definición del artículo 324-1, a falta de concurso en una operación de colocación, ocultación o conversión; corresponderían, a lo sumo, a la receptación. Si el tenedor es, no ya la esposa, sino el propio autor de la corrupción, la diferencia se hace completa: blanqueador en Marruecos, puesto que el texto contempla el acto realizado «en interés del autor», no podría ser en Francia receptador del producto de su propia infracción. La calificación de blanqueo solo existe entonces en una orilla del Mediterráneo.
29 Tercera hipótesis: los actos cometidos en Francia por un binacional residente en Marruecos – Sea, por último, un franco-marroquí establecido en Rabat que, durante estancias en París, prestó su concurso a operaciones de conversión del producto de una estafa. Francia es territorialmente competente; pero el interesado, de regreso en Marruecos, no es extraditable desde allí. Las autoridades francesas no tienen entonces otra vía, para obtener un juicio contradictorio, que la denuncia oficial de los hechos a las autoridades marroquíes, las cuales pueden perseguir sobre la base del artículo 708 del Código de Procedimiento Penal, siendo el inculpado marroquí y habiendo regresado a Marruecos, siempre que los hechos respondan a la definición marroquí del blanqueo –lo que es el caso de la estafa–. Francia conserva ciertamente la facultad de juzgar al ausente en rebeldía; pero la condena no podrá ejecutarse sobre su persona mientras permanezca en Marruecos, y la sentencia marroquí, una vez irrevocable, será invocada en apoyo de toda petición ulterior. En la práctica, es el foro marroquí el que resuelve.
30 El límite: la infracción de origen fuera de la lista – Estas hipótesis tienen como condición común que los fondos procedan de una infracción enumerada. Si proceden de un fraude fiscal cometido en Francia, el razonamiento se invierte: la reinversión en Marruecos no es allí un blanqueo, mientras que Francia, competente respecto de su nacional siempre que los hechos estén castigados por la ley del lugar, tropezaría precisamente con la ausencia de tipificación marroquí. La lista del artículo 574-2 traza así, para el binacional, la frontera entre los fondos que lo exponen en Marruecos y los que solo lo exponen en Francia.
C. – El nacional marroquí perseguido en Francia o en la Unión Europea
31 El principio: sí, y más ampliamente que en Marruecos – Un nacional marroquí, aun sin vínculo alguno con Francia, puede ser perseguido allí por blanqueo desde el momento en que un acto de colocación, ocultación o conversión se haya realizado en territorio francés: apertura de una cuenta, transferencia que transite por un banco francés, adquisición de un bien inmueble, suscripción del capital de una sociedad. La nacionalidad del autor es indiferente, y también lo es el lugar de comisión de la infracción de origen. Y como el texto francés contempla todo crimen o delito, la persecución puede prosperar allí donde la ley marroquí no habría visto blanqueo alguno.
32 Cuarta hipótesis: el abuso de bienes sociales – El dirigente de una sociedad anónima marroquí detrae de la tesorería social sumas que emplea en la compra de un piso en París por medio de una sociedad luxemburguesa. El abuso de bienes sociales, tipificado por la ley marroquí de sociedades anónimas, no figura en el artículo 574-2: salvo recalificación como abuso de confianza, no hay blanqueo en el sentido del derecho marroquí. En Francia, los hechos de origen están castigados bajo la calificación de abuso de bienes sociales; la adquisición es una colocación, la interposición de una sociedad extranjera una ocultación. El delito del artículo 324-1 queda constituido, y la jurisprudencia de 2010 y de 2021 apenas deja duda sobre la competencia.
33 Quinta hipótesis: la presunción y los fondos sacados con infracción de la normativa de cambios – Un comerciante marroquí ha constituido en el extranjero, al margen de toda autorización de la Office des changes, activos que hace circular entre varias cuentas abiertas a nombre de sociedades sin actividad, antes de invertirlos en Francia. En Marruecos, al no ser la infracción cambiaria una infracción de origen, la calificación de blanqueo está cerrada. En Francia, la fiscalía ni siquiera tiene que buscar la infracción de origen: si las condiciones materiales, jurídicas o financieras del circuito no pueden tener otra justificación que ocultar el origen o el beneficiario efectivo de los fondos, estos se presumen procedentes de un crimen o de un delito, y corresponde al acusado probar su origen lícito. Demostrar que los fondos proceden de una actividad comercial regular destruye la presunción; pero la defensa deberá entonces exponer, ante el juez francés, la situación del interesado respecto de su propia normativa de cambios. A ello se añade, para los movimientos físicos de efectivo, la obligación de declarar en aduana toda transferencia de importe igual o superior a 10 000 euros (C. mon. fin., art. L. 152-1), cuyo incumplimiento alimenta con frecuencia la presunción.
34 El fraude fiscal extranjero – La cuestión de si el producto de un fraude cometido en perjuicio únicamente del fisco marroquí puede constituir el objeto de un blanqueo punible en Francia es más delicada. La sentencia de 2010 razona sobre hechos de origen «castigados en Francia» bajo una calificación del derecho francés; ahora bien, el delito de fraude fiscal del Código General de Impuestos protege el impuesto francés. La Directiva (UE) 2018/1673 incluye, no obstante, los delitos fiscales entre las actividades delictivas (art. 2) e impone a los Estados miembros castigar el blanqueo de los bienes procedentes de una conducta cometida en un tercer país, siempre que dicha conducta hubiera constituido una actividad delictiva de haberse cometido en el territorio nacional (art. 3, apdo. 3, c), pudiendo exigir, para las infracciones distintas de las más graves, que esté igualmente tipificada en el país de comisión (art. 3, apdo. 4). La prudencia aconseja tener el riesgo por real, tanto más cuanto que la presunción del artículo 324-1-1 permite, también aquí, eludir el debate sobre la calificación.
35 La Unión Europea – El razonamiento vale, mutatis mutandis, en el conjunto de los Estados miembros. La Directiva de 2018 les impone establecer su competencia cuando la infracción se haya cometido total o parcialmente en su territorio o por uno de sus nacionales (art. 10), castigar el blanqueo con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión (art. 5), tipificar el autoblanqueo por conversión, transferencia u ocultación (art. 3, apdo. 5) y permitir la condena sin condena previa por la actividad delictiva de origen ni identificación de su autor (art. 3, apdo. 3, a y b). El nacional marroquí no está sometido a la orden de detención europea en sus relaciones con Marruecos; pero, detenido en otro Estado miembro, puede ser entregado a Francia sobre la base de este instrumento, figurando el blanqueo del producto del delito entre las infracciones para las que se suprime el control de la doble tipificación (Decisión marco 2002/584/JAI, art. 2, apdo. 2). El viaje a España o a Bélgica basta entonces para hacer efectiva una persecución francesa que la ausencia de extradición desde Marruecos paralizaba.
36 Los medios de defensa – El nacional marroquí así perseguido dispone de cuatro series de argumentos. Puede impugnar la competencia demostrando que ningún hecho constitutivo se realizó en Francia, no bastando para ello la sola transmisión de órdenes desde el extranjero a un banco extranjero. Puede combatir el elemento material acreditando la ausencia de todo acto positivo de colocación, ocultación o conversión. Puede destruir la presunción mediante la prueba documental del origen de los fondos, lo que supone una trazabilidad que la práctica de los negocios en Marruecos no siempre asegura. Puede, por último, si ya ha sido juzgado en Marruecos por los mismos hechos, invocar la autoridad de la resolución marroquí; pero este medio, como se ha visto, solo tiene alcance cierto respecto de los títulos de competencia extraterritorial, y carece de efecto cuando los hechos de blanqueo se cometieron en Francia.
Conclusión
37 Dos concepciones del blanqueo – Al término de la comparación, la oposición de los dos derechos no se reduce a una diferencia de grado. El derecho marroquí sigue apegado a una concepción derivada del blanqueo: este continúa siendo lo accesorio de infracciones nominadas, que la acusación debe identificar y de las que debe probar que son la fuente de los bienes; en contrapartida, todo contacto consciente con esos bienes, hasta su simple tenencia, está tipificado. El derecho francés ha evolucionado hacia una concepción autónoma: la infracción de origen ya no es más que un presupuesto abstracto, que el juez puede presumir a partir de la sola opacidad de la operación; en contrapartida, el texto exige un acto positivo inscrito en una operación.
38 Enseñanzas prácticas – Para el profesional del derecho de los negocios franco-marroquí se desprenden tres enseñanzas. La primera es que la licitud de un flujo no se aprecia en un solo ordenamiento: fondos que no constituyen, en Marruecos, el objeto posible de un blanqueo pueden llegar a serlo en el instante en que tocan el sistema bancario o el mercado inmobiliario francés. La segunda es que la doble nacionalidad, lejos de proteger, concentra el riesgo: cierra la extradición en los dos sentidos, pero abre dos competencias personales y hace del lugar de residencia el foro efectivo del juicio. La tercera es que la prueba del origen de los fondos, que el derecho marroquí deja a cargo del Ministerio Fiscal, pesa en Francia sobre aquel cuyo montaje no se explica de otro modo que por el afán de ocultar; la documentación del origen, constituida de antemano, es ya la primera de las defensas.
39 Perspectivas – Cabe pensar que la diferencia se reducirá. Las evaluaciones mutuas conducen en todas partes a la ampliación de las infracciones subyacentes, y la lista del artículo 574-2, ya alargada en dos ocasiones, está llamada a acoger tarde o temprano los delitos fiscales que los estándares del GAFI incluyen entre las categorías designadas. Hasta entonces, es en el intervalo entre la enumeración marroquí y la generalidad francesa donde se alojan, para los operadores de las dos orillas, lo esencial del riesgo penal y lo esencial de la labor de asesoramiento.